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El nivel de exposición al sector inmobiliario constituye el talón de Aquiles del sistema bancario español. Las prácticas bancarias y las deficiencias en la política de aceptación de riesgos han originado una cartera significativa de activos tóxicos o contaminados. En resumen, estas prácticas bancarias han sido:

1. Política de financiación a empresas promotoras basándose en expectativas poco razonables de revalorización del suelo. La financiación de la compra de terrenos rústicos o preurbanizables a precio de mercado del suelo residencial, basándose en las expectativas revalorización del suelo constituye una de las prácticas más temerarias.
2. Agresiva estrategia de crecimiento basada en la financiación a promotoras, infravalorando diversos aspectos cualitativos que informan sobre la calidad del riesgo inmobiliario. (porcentaje de promoción vendida, localización geográfica, experiencia, reputación,..)
3. Ausencia de límites cuantitativos internos a la financiación de ciertos sectores; excesiva concentración del riesgo en el sector inmobiliario.
4. Ampliación del negocio inmobiliario de la entidad de crédito, no limitándose a la financiación del promotor, sino extendiéndose a otras formulas de participación en el negocio, como la constitución de filiales especializadas, la creación de sociedades participadas con promotores o la presencia en el capital de sociedades inmobiliarias cotizadas.
5. La financiación de operaciones corporativas, utilizando como garantía principal de la operación de pignoración de las acciones adquiridas por el accionista de referencia.
6. Abandono de ciertos principios o reglas de oro inherente a una política ortodoxa y prudente de la aceptación de riesgos, entre las que destacan:
   1. La política de concesión de créditos debe estar fundamentada en la solvencia o capacidad de reembolso del deudor, de tal forma que la garantía real no debe constituir la base principal sobre la que se asienta la aceptación del riesgo.
   2. El rigor de la política de crédito debe acentuarse en las fases expansivas de la economía.
   3. El valor de la garantía hipotecaria debe ofrecer un margen razonable de seguridad a la entidad de crédito, de forma tal que una caída significativa en su valor no menoscabe su capacidad real para respaldar el crédito vinculado.